Bolivia: Tolerancia cero y responsabilidad ante la corrupción

Por Mario Rodríguez I.

Estos días estamos siendo sacudidos por las noticias y las develaciones de las tramas de corrupción en torno a YPFB colocando bajo sospecha al entorno del dirigente del MAS Santos Ramírez, a la prefectura tarijeña, a la familia de Mario Cossio, a senadores de PODEMOS, a funcionarios del régimen de Sánchez de Lozada y a otras personas involucradas. Una terrible situación que merece ser repensada desde algunos diversos ángulos.

Primero, la corrupción es un mal que corroe duramente el sistema político boliviano desde hace mucho tiempo. Recordemos que en la época de los gobiernos neoliberales llegamos a ser considerados los subcampeones de la corrupción pública. Triste situación para el registro mundial. Casos como el de Huanchaca, los narco vínculos de gobierno de Paz Zamora, el avión de Bánzer, los fondos para los damnificados del terremoto en Aiquile, los contratos de capitalización (privatización y regalo del erario público en realidad), la maleta de Sánchez Berazaín, los negocios con la fundición de Vinto son algunos de los tantos ejemplos que podríamos enumerar. Es decir, el tema de la corrupción en las esferas del poder no es un asunto brotado en el proceso de cambio, sino una suerte de lacra con la que convivimos hace bastante tiempo y que todavía demoraremos en limpiar.

Segundo, lo antes dicho no significa que haya que dejar pasar los actos de corrupción de funcionarios vinculados al proceso de cambio y a la revolución democrática cultural. Es más se exige, justamente por los vientos de cambio en la gestión de gobierno, mayor rigor al momento de combatir la corrupción. Tolerancia cero para la corrupción debería ser la línea de conducta del gobierno y de los movimientos sociales que hacen control social de esa gestión. El proceso de cambio exige otra ética para la administración estatal; de servicio social, de cuidado del bien público. Por ello, la corrupción no debería tener posibilidades de rendijas por donde colarse. Sin embargo está allí, nos toca enfrentar esa realidad y mejorar los sistemas de control y de juzgamiento de estos actos que tanto daño le hacen al país.

Tercero, tampoco cabe prejuzgar a las personas sospechosas. Es decir, me parece que cabe una investigación profunda que aclare lo sucedido, juzgue y condene a quienes estén involucrados. Para ello hay que generar garantías de una buena y rápida investigación. En este sentido, me parecen correctas las decisiones del MAS de exigirles a sus congresistas involucrados que abandonen su inmunidad y se sometan a las leyes. No se trata de dar por culpables a todas las personas sospechosas, pero si se trata de exigirles que den las mayores garantías para someterse abiertamente a la investigación. No solo la gente del MAS, sino la de PODEMOS, la de los gobiernos anteriores, la de la prefectura de Tarija y otras deberían seguir ese camino.

Cuarto, la lucha contra la corrupción exige modificaciones profundas en la legislación boliviana que agilicen y faciliten las investigaciones, permitiendo el juzgamiento de quienes causan daño al pueblo boliviano y a los bienes públicos. En ese sentido me parece fundamental señalar que la oposición política al proceso de cambio, pocos días antes del referéndum constitucional del 25 de enero, rechazó la aprobación de la Ley Marcelo Quiroga que regula y facilita la investigación de fortunas sospechosas como un mecanismo de combate a la corrupción. Es decir, el gobierno que no se libra de la corrupción, impulsó una Ley para mejorar la lucha contra la misma, sin embargo fueron los sectores opositores quienes impidieron la aprobación de dicha Ley de manera sospechosa. Al menos hay que preguntarse, ¿quiénes son las personas más preocupadas con una seria y profunda lucha contra la corrupción que exige la aprobación de normas como la Ley Marcelo Quiroga?

Quinto, la lucha contra la corrupción exige una mayor calidad del control social sobre quienes tienen la tarea de administrar el poder estatal en sus diferentes instancias. En ese sentido la nueva constitución aprobada da pasos certeros para mejorar el control ciudadano. También esto exige a los movimientos sociales mantener un equilibrio saludable entre ser actores centrales de las definiciones estratégicas y las políticas del gobierno, ya que son parte determinante y fundamental del proceso de cambio, al mismo tiempo que se requiere distancia para garantizar la independencia y el control social. Los movimientos sociales han dado señales estos días muy valorables de esa distancia y del control ante los actos de corrupción.

Sexto, la lucha contra la corrupción es un hecho que se visibiliza en nuestras vidas concretas, de actitud de cada boliviano y boliviana, de una ética cotidiana que valore la honestidad. La revolución democrática cultural se asienta como realidad en nuestra capacidad de cambiar el día a día, de modificar las relaciones sociales, de hacer cotidianos más honestos, respetuosos de la diversidad y la inclusión. Intolerantes pero responsables ante la corrupción.

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