Bolivia: La justicia para los ricos tiene los días contados

Por José R. Torrico Gumucio

Sin mucha sorpresa hoy pudimos conocer varias jugadas más de la justicia Boliviana, que viene históricamente sirviendo a los grupos de poder económico, a los políticos neoliberales a quienes deben favores y a pequeñas logias familiares.

Fallaron en favor de los autos usados
El año pasado el gobierno, mediante un decreto, prohibió la importación de autos usados que hayan sido fabricados en un tiempo mayor a los cinco años desde la fecha en la que se inicia el trámite de importación. En días pasados un grupo de jueces de la ciudad de La Paz emitió un fallo que favorece a un grupo de importadores de autos usados modificando la fecha en la cual debe entrar en vigencia este decreto.

Bolivia es un país que no tiene fábricas de automotores, por lo que debe importar la totalidad de los vehículos. En los últimos años la importación de carros usados, sobre todo desde Japón y los Estados Unidos, países donde estos vehículos son rematados a precios muy bajos por tener algún daño o porque ya no cumplen las exigencias ambientales con respecto a la emisión de gases.

La importación de carros se incrementó considerablemente en los últimos años y como resultado directo las ciudades se han llenado de vehículos usados, el aire se ha polucionado y la demanda de combustible se ha incrementado notoriamente.

Sin regulación para el transporte público
En las ciudades Bolivianas, los municipios carecen de un sistema de transporte público municipal y se limitan a intentar regular el transporte en manos de asociaciones de transportistas. Sin embargo el municipio es frecuentemente sobrepasado por estos grupos de transportistas quienes imponiendo presiones y chantajes pelean las rutas más comerciales de las ciudades y, recientemente, las interdepartamentales, llegando a protagonizar verdaderas batallas callejeras que terminan con autos destrozados y gente en los hospitales.

Ninguna regulación es acatada por el transporte publico, ellos imponen sus reglas, recogen y bajan pasajeros en cualquier parte de la ciudad, no tienen obligación de realizar controles de seguridad de sus vehículos, no tienen controles que les obliguen a trabajar las horas suficientes para asegurar que los conductores están suficientemente descansados como para garantizar la seguridad de sus pasajeros, ellos imponen las reglas.

El transporte público sin regulaciones, sumado a la importación de carros usados baratos, ha ocasionado que cientos (o miles) de carros pequeños se incorporen al parque automotor, cada uno con un motor que contribuye a contaminar el aire y con una persona mal dormida al volante, peleando “de sol a sol” el pequeño sustento diario que se logra en rutas sobre-explotadas y congestionadas por otros tantos en la misma situación, han llevado al colapso de las calles de las ciudades de Bolivia en las horas pico de tráfico. El cómo resolver este tema, desde un punto de vista del transporte público, merecería un análisis extenso y las soluciones deberán lograrse en consenso con los transportistas y mediante un proceso de implementación de varias etapas.

El tema que nos toca hoy es observar cómo una estrategia gubernamental, para comenzar a tomar acción sobre un tema como es la importación de autos de segunda mano con más de cinco años de antigüedad y los problemas inherentes, fue pisoteada por un amparo dictado por un grupo de jueces. Según algunos medios de comunicación entre los importadores estarían algunos familiares de estos jueces. Un periódico local publicó en su sitio WEB que con este fallo ingresarían a Bolivia entre 2500 a 3000 vehículos con una antigüedad mayor a cinco años, según versión de uno de los importadores beneficiados.

Un amparo que va en contra una política de estado para favorecer a unos pocos que lucran aprovechando la falta de normativas municipales y de la gente que se dedica a engrosar las filas de un transporte público en manos de los propios dirigentes transportistas, sin normativa ni regulación de tránsito, sin respeto a las normas ambientales, es sin duda un fallo en contra del estado y la calidad de vida de los ciudadanos.

Juicios a punto de prescribir por retardo
En otra faceta de la justicia, que parecería estar actuando como un escudo de defensa de los grupos de poder económico, algunos juicios contra ex-autoridades por estafas millonarias al estado están a punto de prescribir por retardación de la justicia.

Para algunos casos la justicia falla con asombrosa rapidez. Para emitir un fallo intentando llevar a Sucre al ex-prefecto Pandino, acusado de ser el principal instigador y organizador de una masacre armada contra campesinos de ese departamento, solo se requirieron un par de semanas. Para lograr que los importadores de autos usados, quienes llegan a realizar importaciones por valor de varios millones de dólares al año, sean beneficiados por un amparo solo bastaron un par de meses.

Para quienes habrían realizado estafas millonarias contra el estado amparados en padrinazgos políticos, como el ex-prefecto de La Paz, Alberto Valle, casado con la hija del que era presidente en ese momento, el ex-dictador Banzer. Para alcaldes como el cruceño, Percy Fernández, cuyos empleados destruyeron con maquinaria pesada mas de 200 casas que estaban a punto de ser entregadas a gente pobre, sin justificativo alguno, ocasionando un daño grave al estado y una humillación pública sin nombre. Para el ex-prefecto de Cochabamba, que instruyó la compra de lujosos autos blindados, para uso personal, con dinero que debía ser destinado para maquinaria. Para ellos la justicia tiene "una paciencia infinita": podrían “esperar” tanto que incluso llegarían a prescribir estos casos por “retardación de justicia”.

¿No se enteraron que ganó el SI para la nueva Constitución Política del Estado?
Los jueces y sus protegidos parecerían estar actuando como si no se hubieran enterado que en Bolivia ganó el SI a la nueva constitución y esta será promulgada este próximo sábado 7 de Febrero, dando inicio a una nueva etapa de nuestra historia.

Esta nueva constitución, aprobada por voto directo de todos los Bolivianos, establece tácitamente que la justicia se aplica retroactivamente cuando se trata de delitos contra el estado (Art. 123). También establece que los jueces deberán ser electos, primero por competencia de méritos profesionales y luego por voto universal de los ciudadanos, lo cual implica una renovación total del sistema judicial a mediano plazo.

Probablemente quienes hoy tienen cargos de jueces tengan que dar explicaciones por los "errores", y el daño que estos "errores" han causado al estado, delante de los jueces electos por el voto ciudadano que tendremos en un futuro cercano.

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