BOLIVIA: ¿QUIEN CREE EN LA JUSTICIA?

Por José R. Torrico Gumucio

Uno de los poderes que aún no ha sido renovado en Bolivia y que se encuentra mayormente compuesto por personas que se cree que responden a los intereses de quienes solían ostentar el poder político y económico de Bolivia, es el de la justicia.

El vicepresidente de la república habría declarado que el poder judicial de Santa Cruz es uno de los peores y no se equivoca. Ya existen antecedentes recientes y graves. Uno de ellos es el que un juez haya archivado el caso que se le seguía al expresidente del comité cívico por apropiarse ilegalmente de grandes extensiones de tierra en el oriente boliviano avasallando territorio indígena y reservas forestales para su propio beneficio.

La justicia de Santa Cruz lo protegió archivando el caso. Esta persona que se le ha visto dirigiendo personalmente los grupos de jóvenes fascistas que el año pasado destruyeron todas las instituciones del estado en el centro de Santa Cruz, en franca y pública actividad sediciosa, es protegida por el poder judicial de Santa Cruz.

Justamente la otra acción reciente de la justicia cruceña fue liberar, a 24 horas de su captura, a dos dirigentes de la organización juvenil fascista del comité pro Santa Cruz, quienes se encargaron de ejecutar acciones vandálicas y de destrucción de las instituciones públicas, agredieron físicamente a decenas de personas por causas racistas o de ideología política y contaron con amplia cobertura y apoyo de los medios masivos de comunicación Boliviana. Estos medios se esforzaban por tratar de justificar sus hechos delincuenciales con toda clase de argumentos falseados y forzados, tratando de cambiar la opinión pública para favorecer a los vándalos.

Ahora nos enteramos, sin ninguna sorpresa, que los patrocinadores del grupo terrorista desbaratado en Santa Cruz en posesión de grandes cantidades de armamento y explosivos químicos, con larga carrera bélica en países de Europa, son beneficiados con la intensión de la corte suprema de justicia de la ciudad de Sucre que emite fallos para trasladar esta investigación a juzgados de Santa Cruz. ¿Quien puede creer que habrá justicia?

Luego nos enteramos que el colaborador del juez que solicita el traslado del caso es un activista de la unión juvenil cruceñista, esa misma organización fascista que dirigía el expresidente del comité cívico mientras arrasaban con las instituciones publicas del centro de Santa Cruz y la misma cuyos miembros fueron liberados 24 horas después de ser aprehendidos. También denunciaron la presencia en el poder judicial de Santa Cruz de miembros del partido falangista, radical opositor del gobierno.

¿Coincidencias?.

El pueblo mandó renovar el poder judicial

El pueblo Boliviano, al aprobar la nueva constitución política del estado, ha dictaminado implícitamente la renovación total del poder judicial. Esto ocurrirá inevitablemente luego de que se reelijan, en Diciembre, presidente,vicepresidente y la asamblea plurinacional. La nueva asamblea tiene ciento ochenta días para elaborar una nueva ley del órgano judicial (entre otras leyes), esta será sancionada y luego de que transcurra el proceso de transición de un año para que se pueda elegir al nuevo equipo de jueces que se encargará de operar la justicia Boliviana. Es previsible que los actuales operadores de justicia intenten colocar todas las trabas que puedan colocar para entorpecer o alargar la inevitable renovación y así mantener el manto de impunidad en el que se refugian.

Si la corte de Sucre logra su cometido de proteger a los terroristas y permite que los Bolivianos vivamos con la incertidumbre de tener gente que maneja bombas y armas circulando libremente por las calles y gozando de toda la protección de una justicia que no sirve al pueblo y con medios masivos de comunicación tratando de lavar la cabeza de la gente, entonces mantendremos la esperanza que estos sean procesados cuando la justicia cambie y comience a funcionar para el pueblo. Es solo una cuestión de tiempo.

Si la corte de Sucre no logra su cometido y solo dilata un poco el proceso de investigación quedan irremediablemente involucrados como cómplices de los terroristas. Estos delitos podrían ser tipificados en un futuro como traición a la patria y este delito conlleva la pena máxima que las leyes pueden otorgar.

Tarde o temprano los terroristas, sus financiadores y sus protectores estarán compartiendo celdas.

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